Entrevista 2 - Grupo 1 (Cárceles)

Grupo 1: Cárceles

Sociología Jurídica

Mayo 02 de 2013

Entrevista 2

Pregunta de Investigación:

¿Cuál es el papel del juez dentro de la crisis del sistema de reclusión?

Fecha:

Mayo 02 de 2013

Lugar:

 Juzgados de Paloquemao, Bogotá

Nombre del entrevistado(a):

Eddy Patricia Rodríguez Moreno

Cargo u ocupación:

 Juez 12 Penal Municipal de Conocimiento

Objetivo de la entrevista:

Explorar el rol que tiene el juez dentro del sistema de reclusión. Definir la incidencia de las condiciones del sistema frente a las decisiones judiciales proferidas por el funcionario judicial. Examinar la evidencia empírica que el juez desde su experiencia laboral tiene en relación con la problemática carcelaria y la visión que el mismo juez tiene de sus funciones como parte de un sistema cuya dinámica lo incluye.

Descripción general de la Metodología:

 La entrevista que se le efectuó a la Juez 12 Penal Municipal de Conocimiento, Eddy Rodríguez, correspondió a una charla informal llevada a cabo en el despacho de la funcionaria, quien discutió con el grupo las preguntas planteadas en el formulario que se anexa a este texto, absteniéndose a dar respuesta a algunas de ellas debido a que consideraba que no le competían como Juez Penal de Conocimiento.

Aclaración:

 Cabe precisar que en razón de la inconformidad que la juez manifestó frente a la posibilidad de mantener un registro audiovisual de la entrevista, posibilidad que desde un comienzo fue rechazada por la funcionaria, el escrito que se presenta a continuación corresponde a una síntesis del planteamiento desplegado por la juez a lo largo de la charla que se mantuvo con ella. Por esta razón, el texto que posteriormente se expone no corresponde a una transcripción literal de la entrevista, aunque si retoma los puntos esenciales de la consideración de la funcionaria en referencia a las preguntas realizadas.

Planteamiento de la entrevistada:

 La perspectiva de la juez sobre el rol que desempeña el funcionario judicial dentro del sistema de reclusión, corresponde a considerar que su papel está estrictamente limitado dentro de los lineamientos que la ley le concede en función de sus competencias como operador normativo. Para la jueza, las competencias restringidas del juez respecto al tratamiento de un caso particular implican que sus consideraciones estén fundamentalmente ligadas a apreciaciones tanto objetivas como subjetivas de la situación fáctica en concreto, más su interpretación y decisión no puede estar influida por factores externos como la condición del sistema carcelario y penitenciario.

Al respecto, la juez a pesar de que expresa ser consciente de las circunstancias indudablemente precarias e indignas del sistema carcelario, considera que dichas condiciones no pueden ser tomadas como un factor decisivo a la hora de dictaminar un fallo que implique la privación de la libertad del individuo acusado. Frente a esto, la juez considera que, en caso de que se tome en cuenta la situación del sistema de reclusión con el fin de evitar que al acusado se le sea impuesta una pena, que con su traslado a los establecimientos de reclusión agrave gradualmente la situación de los mismos, se incurriría en escenarios de impunidad puesto que la conducta delictiva no sería sancionada con las medidas respectivas y se añade que estas consideraciones tendrían múltiples efectos contraproducentes para el funcionario judicial que interprete de dicha manera. Algunas de las consecuencias que la juez vincula a la anterior situación se relacionan con la responsabilidad del juez, en la medida que estaría sujeto a sanciones disciplinarias y penales por la ilegalidad de sus decisiones; la estabilidad del sistema, que requiere una posición del juez como ejecutor del conjunto normativo en el que se debe sancionar las conductas delictiva previstas por el ordenamiento; y la perspectiva popular frente a la administración de justicia que rechazaría tajantemente aquellas incursiones judiciales que representen una sensación de impunidad en el ejercicio de la función judicial. 

De esta forma, la juez considera que las circunstancias particulares del sistema de cárceles y penitenciarias no se pueden relacionar de manera causal con las decisiones que los jueces toman respecto a los casos a los que se enfrentan a diario. En cambio, para la funcionaria las condiciones de los establecimientos tienen su origen en dos factores, el primero corresponde a la ineficacia del legislativo en la formulación, tanto de soluciones que modifiquen gradualmente la situación de los establecimientos en beneficio de quienes se encuentran recluidos en ellos, como de mecanismos que generen un carácter más flexible e integral en su eventual sumisión a las normas. Segundo, en las circunstancias vitales de la mayoría de la población del país, quienes, según la jueza, debido a que no tienen alternativas eficaces para subsanar las necesidades que la misma supervivencia envuelve, a la par con unas condiciones educativas mínimas, eventualmente recurren a conductas delictiva generando una gran demanda para los establecimientos que sobrepasa la oferta que estos están en capacidad de contribuir.

Asimismo, la juez advierte que es necesario diferenciar los diferentes ámbitos dentro de los cuales se enmarca la función judicial. Al respecto, enfatiza sobre la idea de que el tratamiento judicial de una demanda de tutela de alguien que se encuentra de facto inmerso en el sistema de reclusión, es fundamentalmente distinto al tratamiento que se efectúa contra un individuo sindicado de haber cometido una conducta delictiva. Al mismo tiempo que afirma que incluso dentro de la misma jurisdicción penal, las competencias de un juez de garantías frente a un juez de conocimiento son diferentes puesto que la funcionalidad que se atribuye a su posición particular dentro del órgano judicial es diferente. Sin embargo, la juez considera que a pesar de que en el primero de los casos – acción de tutela- el funcionario judicial está cobijado por la Constitución Política de manera más directa que en sus otras funciones, la misma sujeción al sistema normativo implica una restricción en el alcance de sus funciones que es inevitable por las razones antes mencionadas.

        En ese sentido, la juez concluye su planteamiento resaltando el papel pasivo del juez respecto al cambio que requiere el sistema de reclusión en razón de la situación inhumana e inadecuada del mismo. Así, la juez considera que el cambio del sistema de carcelario no radica en las dinámicas que los funcionarios judiciales puedan llegar a emplear para modificar la situación sino que la solución se encuentra en manos de instancias superiores, referidas por la juez como el Legislador y el Estado en un sentido amplio, que formulen reformas sustanciales para modificar la circunstancias de los establecimientos de reclusión, lo cual también requiere manifestaciones evidentes del interés del Estado por mejorar las condiciones de la población que se encuentra en mayor necesidad, con el fin de otorgarles mayores y mejores posibilidades de vida en conjunto con un sistema educativo eficiente que modifique el paradigma de la eventual alternativa de delincuencia.